La Xunta “está investigando” a varios ayuntamientos por posibles vulneraciones urbanísticas

En una entrevista a la Radio Galega recogida por Europa Press, Caride rehusó decir el nombre de los municipios investigados, en los cuales se está analizando si otorgan las licencias de acuerdo con la ley, si se respetan los requisitos necesarios para concederlas o si las actuaciones derivadas de una concesión son acordes con lo planificado en el instrumento urbanístico correspondiente, entre otras cuestiones.

En ese sentido, advirtió de que, si finalmente se contrastan esas posibles irregularidades, la consellería “tomará medidas” para atajarlas, entre las que no descartó la posibilidad de suspender la concesión de licencias.


Al respecto, recordó que su departamento acaba de firmar un convenio para que los vigilantes de la Dirección General de Costas pongan en conocimiento de las autoridades competentes “cualquier incidencia” sobre el territorio en la franja de 500 metros del borde del litoral, a fin de comprobar si se produce dentro de la legalidad.

De igual forma, señaló que el objetivo es alcanzar convenios similares con el resto de cuerpos de seguridad, para que, si en cualquiera de sus intervenciones detectan cualquier movimiento sospechoso, “pueda pararse esa acción ilícita”.

LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD

Por otra parte, en la medida en que la nueva Lei do Litoral no tiene prevista su entrada en vigor hasta mediados del año que viene, Caride informó de que su departamento está “intentando desarrollar mecanismos” para evitar que en ese intervalo de tiempo se produzca una concesión masiva de licencias para construir en terrenos que, una vez vigente la nueva norma, no serán susceptibles de urbanizar.

Al respecto, no descartó la adopción de “decisiones cautelares para salvar el suelo y evitar decisiones irreparables”, al tiempo que hizo una “llamada a la responsabilidad” de los dirigentes municipales para que, en este periodo, “hagan prevalecer el interés general sobre posibles intereses particulares”.

Caride también se mostró convencida de que la nueva norma no repercutirá de una forma excesiva en sectores como la construcción. Así, recordó que Galicia cuenta con unos 30 millones de metros cuadrados urbanizables en la franja de 500 metros entre la costa y el litoral.

La conselleira comparó esta cifra con los 220 millones de metros cuadrados urbanizables en el total de los municipios litorales y consideró que, por tanto, se verá afectado por la ley “un porcentaje relativamente pequeño” de terreno. Además, “al constructor le reporta lo mismo construir dentro de la franja que fuera de ella”.

De igual forma, hizo hincapié en que la Lei do Litoral contribuirá a una mayor calidad de vida, ya que de lo contario se estará favoreciendo un modelo urbanístico que, aunque genera una gran actividad económica, “hace que muchas de las villas gallegas no resultan ya atractivas para pasear o ir de vacaciones”, con sus consiguientes repercusiones igualmente negativas sobre la economía.

VOLUNTAD DE COLABORACIÓN

Por otro lado, Caride afirmó que en la Xunta existe una “voluntad clara” de ayudar a los ayuntamientos a adaptar sus planeamientos urbanísticos a la actual Lei do Solo –por ahora sólo diez de los 315 municipios gallegos lo hicieron– y, aunque reconoció que “en muchos casos vamos más despacio de lo deseable”, recordó también que a la Dirección Xeral de Urbanismo, competente para este asunto, “se la dejó dotada de una deficiente cantidad de recursos humanos y técnicos”.

Asimismo, preguntada por la posibilidad de elaborar una nueva Lei do Solo, la conselleira descartó esta posibilidad por el momento, ya que “hay que dar a Galicia una estabilidad legislativa”. Por ello, señaló que sólo se modificarán algunas cuestiones concretas que se estudian de forma conjunta con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

También en relación con los municipios, aunque Caride reconoció que éstos son los que “mejor conocen las necesidades de los ciudadanos”, subrayó la necesidad de establecer unos mecanismos que garanticen la colaboración permanente con la Xunta en materia urbanística, de manera que ésta pueda verificar constantemente la correcta aplicación de las normas urbanísticas que produce y, por tanto, garantizar el interés general.

María José Caride consideró que, precisamente para favorecer el interés general y un desarrollo urbanístico ordenado se pondrán en marcha durante el año que viene unas directrices generales de ordenación urbanística en las que se determinarán de una forma clara los criterios de ordenación para toda Galicia, así como el Plan Territorial Integrado do Litoral, que diseñará el modelo concreto de crecimiento en las zonas costeras.

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